Las 15 recomendaciones de la misión exploratoria de la UE que avalarían el fraude electoral

La misión exploratoria de la Unión Europea (UE) entregó este lunes el informe de los comicios del 26 de noviembre que resumen 15 observaciones que avalarían el fraude electoral en Honduras.

  1. Censo electoral:

Sería conveniente, para mejorar la fiabilidad del censo electoral, proceder a una actualización del Registro Nacional de las Personas (RNP).

  1. Traslados domiciliarios:

Podría ser adecuado establecer, por  vía reglamentaria o incluso en la propia ley electoral, la obligación de aportar pruebas que acrediten que los cambios de domicilio solicitados por los ciudadanos son reales.

  1. Administración Electoral: competencias de los Tribunales Electorales Departamentales y Municipales (TED y TEM)

Eliminar las competencias, caídas en desuso, de los TED y los TEM en materia de consolidación de resultados electorales. Reforma de la Ley Electoral Congreso Nacional.

  1. Derecho a un recurso efectivo ante el TSE

Sería recomendable colmatar las lagunas de la Ley Electoral en la regulación de los plazos de los que dispone el TSE para resolver impugnaciones en algunos ámbitos electorales, de manera que se evite la aplicación subsidiaria de los plazos establecidos en la LPA.

  1. Derecho a un recurso efectivo ante la Corte Suprema en materia electoral

Agilizar la resolución de los recursos de amparo en materia electoral. Refuerzo de los medios de la SCCS en periodo electoral y/o tramitación prioritaria de los recursos de amparo en materia electoral.

  1. Fiscalización de la financiación de las campañas electorales

Extender a los partidos políticos los techos de gastos y exigencias de transparencia de ingresos relacionados con la campaña electoral.

  1. Refuerzo de las capacidades de la Unidad de Política Limpia

Sería conveniente dotar a la Unidad de Política Limpia de un presupuesto suficiente e independiente, para poder desarrollar sus numerosas tareas con autonomía y eficacia.

  1. Propaganda pagada en medios privados

Establecer techos específicos para gastos en este tipo de propaganda pagada, o limitaciones razonables del tiempo máximo diario por partido.

  1. Independencia de los medios privados

Revisión de la Ley del programa voluntario de rescate, promoción y fomento del sector de las comunicaciones.

  1. Revisión del At. 335 B del Código Pena que penaliza la apología del terrorismo en los medios de comunicación, de manera que su aplicación quede únicamente limitada a casos muy explícitos y particularmente graves, dejando siempre a salvo la libertad de expresión e información de los periodistas.

Eliminar las penas privativas de libertad en los delitos de calumnia, injuria y difamación.

Incrementar los medios y capacidades de investigación del Ministerio Publico y de la Fiscalía General en los casos de asesinatos de periodistas.

Reforzar las medidas de protección a periodistas amenazados por parte del Sistema nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

  1. Sería recomendable que la nominación de los magistrados del CONATEL no recayera, como actualmente, exclusivamente en manos del Presidente de la República. La participación del Congreso Nacional, como poder constitucional de representación pluralista, en el nombramiento delos magistrados reforzaría indudablemente su independencia.
  2. Paridad y políticas de género

 

El mecanismo de alternancia entre hombre y mujer en las listas de candidatos al Congreso Nacional adoptado por el TSE no respeta el principio de paridad consagrado por la Ley Electoral.(pág. 34)Adopción de una nueva regulación que garantice, sin excepciones, la alternancia efectiva entre candidatos y candidatas al Congreso en las planillas electorales.

  1. Activar, con personal y recursos adecuados, la Unidad de Género prevista en el organigrama del TSE.TSE CEDAW Art.2,3,4,7PIDCP Art. 3Consenso de Quito Norma Marco del PARLATINO (2015) para consolidar la Democracia Paritaria.
  2. Participación política de personas trans

Sería recomendable considerar la legalización del cambio del nombre y del sexo en el Registro Nacional de las Personas (RNP), de modo que la Tarjeta de Identidad (y, en consecuencia, el censo electoral) refleje la nueva identidad sexual adoptada por los ciudadanos trans, facilitando así el ejercicio de su derecho al sufragio activo.

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